Carta de Jorge Abelardo Ramos a Isabel Perón.
Buenos Aires, 17 de abril de 1980
Señora
María Estela Martínez de Perón
De nuestra mayor estima:
La Junta Nacional del FIP me ha encomendado la misión de dirigirle esta carta expresándole nuestra solidaridad y apoyo moral ante la resolución de la Suprema Corte rechazando el pedido de excarcelación elevado por su letrado ante ese tribunal.
Antes de ir al fondo del asunto, deseo expresar a Ud. Y a todos los compañeros del movimiento peronista, las razones por las cuales un movimiento como el FIP, que no es peronista, aunque cuenta en sus filas a muchos afiliados de simpatías justicialistas, ha resuelto sugerir criterios de acción a la representante más caracterizada del peronismo. En efecto, si las decisiones judiciales tuvieran un gramo de verdad y justicia, es decir, si Ud. Señora, estuviese detenida por delitos comunes, entonces, no solo el movimiento peronista sino también el FIP y todos aquellos siete millones y medio de argentinos que votaron por Ud. y su ilustre esposo el 23 de setiembre de 1973 serían sospechosos de una actitud delictiva. El FIP, con boleta propia, apoyó la formula triunfante en esa fecha. Por tales razones, su honra personal -poniendo en un plano aparte las legítimas observaciones críticas que se pudieran formular a su gobierno- nos interesa muy especialmente, pues una mácula en ella, también nos mancharía nosotros. Tal es la personería que invocamos ante Ud. y el peronismo para expresar las consideraciones que van a leerse
Desde ya, la monstruosa falsedad de las imputaciones de fiscales y jueces salta a la vista. Ud. es derrocada, detenida, juzgada e infamada por el simple hecho de haber sido elegida por la mayoría del pueblo argentino. Si su gobierno era malo, pocos meses después el pueblo en las elecciones convocadas, habría podido juzgarla. Si el terrorismo con sus criminales provocaciones había vuelto la atmósfera irrespirable, el Congreso Nacional en setiembre de 1975 dicto la Ley de Seguridad que depositaba en las FF.AA. todos los poderes, los más amplios que se conocen en la histona del país, para suprimir el terror. La guerrilla en Tucumán, por otra parte, ya estaba destruida durante su gobierno, según ha declarado recientemente el general Vilas, que intervino en esos procedimientos. La verdad es muy otra y muy clara. Los mandos militares esgrimieron el pretexto del terrorismo para entregar el poder económico a la rosca oligárquica de terratenientes y banqueros. Martínez de Hoz es su jefe y los militares su cohorte pretoriana, despojada de todo patriotismo que no sea el de la retórica profesional anquilosada. Se han olvidado de San Martin, de Savio y de Mosconi. Solo les interesa la opinión de grupos financieros apátridas. Ambicionan construir un Estado vasallo, sin industria nacional, sin obreros bien pagados, sin independencia crítica, una sociedad "jerarquizada", engordadora de los plutócratas, con un pueblo amansado por el dolor y una vida cultural mediocre, despojada de toda crítica por una censura policiaca.
Ese plan está en marcha, pero no llegará a su fin. Confiamos en el pueblo argentino y en su inagotable energía. En este cuadro, la justicia argentina y la Corte Suprema no son mejores que los dueños del poder, que los han hecho magistrados. Su situación, Señora, a cuatro años de su derrocamiento, es un verdadero escándalo nacional. Por todo lo expuesto, creemos que ha llegado el momento de renunciar a todo recurso jurídico. Insistir en una defensa de los supuestos delitos que se le imputan significaría admitir la realidad de los mismos. El gobierno militar ha entablado un juicio político, disfrazado de una impostura calumniosa destinada a desacreditarla y desacreditar a las mayorías argentinas. ¡Es un recurso muy viejo! También se lo hicieron al Dr. Yrigoyen y al radicalismo de su época, al que nada menos que Uriburu calificaba de ladrones. Fundados en esas razones, es que nos permitimos sugerirle lo siguiente:
1- Se impone abandonar toda defensa judicial y desconocer la legitimidad de los jueces y funcionarios para procesar a una Presidente de la Nación. Es preciso, en nuestra opinión, dejar a los magistrados judiciales de la oligarquía la plena responsabilidad de tales procesos. El pueblo, mucho antes que la historia, los juzgará a ellos mismos.
2- De acusada y procesada, es necesario que Ud. misma, Señora, se convierta en juez de quienes usurparon un poder legítimo y entable, en términos políticos, el Proceso de los responsables del 24 de marzo de 1976.
3- A efectos de todo lo dicho, nos permitimos recomendar que Ud. dirija un Manifiesto al pueblo argentino y eleve un memorial a las Naciones Unidas, a la OEA y a la Corte Internacional de La Haya, así como a la Comisión de Derechos Humanos de ambos organismos, exponiendo su situación ante los foros latinoamericanos y mundiales.
En una época en que los derechos humanos se han convertido en una necesidad urgente creada por los regímenes reaccionarios y por las provocaciones del terrorismo pro-imperialista, el derecho de la persona humana de la primera mujer elegida por voto Presidente de un gran Estado de América Latina, es un hecho incuestionable y así debe ser planteado.
Toda defensa jurídica resulta inútil en la Argentina de hoy. Solo la defensa política reviste significado y trascendencia. Tales son las sugerencias que en nombre de la Junta Nacional del Frente de Izquierda Popular dejo planteadas para su análisis y posterior decisión. Reciba el cordial saludo de los compañeros del FIP y de
Jorge Abelardo Ramos
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